Se publican los Reales Decretos de reforma de los mercados de valores
17 de noviembre del 2023
Recientemente, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una serie de cuatro reales decretos, ratificados por el Consejo de Ministros el 7 de noviembre de 2023, que introducen reformas significativas en los mercados de valores españoles. Estos cambios buscan incrementar la competitividad del mercado, facilitar la financiación de las empresas y reforzar la protección de los inversores.
Los decretos, que han entrado en vigor a partir del 9 de noviembre de
2023, incluyen:
- Real Decreto 813/2023:
Este decreto se centra en el marco legal de las empresas que ofrecen
servicios de inversión. Reemplaza al Real Decreto 217/2008 y está diseñado
para completar la incorporación de la Directiva 2019/2034/UE. Establece un
régimen de supervisión prudencial adaptado a estas empresas, incluyendo
disposiciones generales, regulaciones sobre la prestación transfronteriza
de servicios de inversión y normativas sobre gobierno corporativo y
sistemas de gestión interna.
- Real Decreto 814/2023:
Este decreto modifica la normativa sobre instrumentos financieros y
mercados de valores. Deroga varias normativas anteriores y simplifica el
proceso de admisión de valores de renta fija, además de revisar las
obligaciones de información en los procesos de compensación y liquidación
de valores. Incluye regulaciones sobre la representación de valores
mediante anotaciones en cuenta y detalla el régimen de admisión a
negociación de valores.
- Real Decreto 815/2023:
Este decreto se enfoca en desarrollar la Ley 6/2023 de Mercados de Valores
y Servicios de Inversión, en particular en lo que respecta a los registros
oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la cooperación
con otras autoridades y la supervisión de empresas de servicios de
inversión.
- Real Decreto 816/2023:
Este último decreto modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley de
Instituciones de Inversión Colectiva. Incluye ajustes en la gestión de
riesgos y en la regulación de los conflictos de interés, con un enfoque
particular en los riesgos de sostenibilidad y las implicaciones de las
decisiones de inversión.
Estos decretos representan un avance significativo en la adaptación de los mercados de valores españoles a los estándares europeos, con un enfoque en la modernización, la sostenibilidad y la protección del inversor.